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La indiferencia, la ignorancia  y la inseguridad ciudadana, aunado a la desconfianza en el sistema judicial, son los factores que evitan frenar la explotación sexual con menores de edad, según informe del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil  (IPEC).

La publicación que presentó la IPEC, programa dependiente de la Organización Internacional del Trabajo, se denomina “El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, segundo estudio de tolerancia social; análisis de resultados, desafíos y recomendaciones”.

El documento analiza los datos de una encuesta sobre la tolerancia de la sociedad de América central a los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

“En el caso de Honduras, la desconfianza en el sistema (capacidad de las autoridades para capturar y castigar a los explotadores sexuales, proxenetas e intermediarios) es el más bajo en la región, con un 28,2%, en contraste con un 52,4 de la población que tiene temor a represalias”. Ese aspecto se destaca más fuera de la capital.

Entre los datos más reveladores que aporta el estudio sobresale que en promedio el 95% de las personas encuestadas en la región reconoce la explotación sexual comercial como delito, pero no señala como delincuente al que paga por la explotación sexual con un menor de edad.

Agrega que el problema de percepción que se presenta en la  mayoría de los países de la región en esta temática,  es que atribuyen a la víctima “la falta de valores”, además de la pobreza de ella y su familia, las que colocan como causa principal.

La víctima es la culpable

Lo anterior significa que le atribuyen toda la responsabilidad del hecho a la víctima, quien también sufre las consecuencias de la discriminación y la marginalidad, mientras excluye al verdadero causante de la explotación, quien paga por sexo a un menor de edad y comete el delito.

El documento apunta que pese a que el 25 por ciento de la población encuestada dijo saber que existen personas adultas que pagan por tener sexo con menores de edad, un 52.3 por ciento denunciaría al “cliente” o explotador, pero un 7.5 por ciento afirmó que denunciaría al menor a pesar de no ser el responsable del delito.

Uno de los avances importante  que se señala, es el reconocimiento que hacen las poblaciones de la región centroamericana de las instituciones del Estado responsables de parar el problema, pero los principales responsables, que son los explotadores y los proxenetas, siguen  desapercibidos.

Sólo un promedio de 5% a nivel regional les atribuye la responsabilidad a los verdaderos delincuentes; en el resto de los países, el trabajo de las instituciones debe estar orientado a hacer entender a la sociedad de la responsabilidad que tienen de detener  la explotación sexual en menores de edad.

En el caso de Honduras, país donde desde 2004 existe una institucionalidad para enfrentar la explotación sexual comercial, el conocimiento sobre los lugares donde sucede la explotación pasó de un 17 por ciento en el 2005 a un 28 por ciento en el 2008.

Lo anterior significa que la ciudadanía sabe más sobre los sitios donde se dan estos delitos. “Como ciudadanos y ciudadanas, todas las personas están en la  obligación de denunciar a los delincuentes y proteger a las personas menores de edad”, enfatiza el estudio.

Conclusiones

Entre otras conclusiones más importantes, el estudio establece que se deben realizar más acciones dirigidas  a concientizar a la población acerca de quiénes cometen el delito de explotación sexual comercial.

Se debe brindar información clara y dirigida para que la población general logre identificar a los verdaderos delincuentes, que son los explotadores sexuales que pagan por sexo con personas menores de edad, proxenetas e intermediarios que se lucran con la comisión de ese delito y que violentan los derechos y atentan contra la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes.

Estimular la cultura de la denuncia de los verdaderos responsables de la explotación sexual comercial: explotadores, proxenetas e intermediarios y brindar la información apropiada sobre dónde y cómo denunciar.

Se debe lograr además de la identificación y detención de los criminales, parar el delito y  proteger a los menores de edad.

En relación con este tema y como parte de las conclusiones, el estudio señala que debe haber preocupación por la elaboración de campañas de información que sensibilicen a la población general sobre el grado de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en situaciones de pobreza, violencia y abandono, especialmente en las que podrían estar las personas menores de edad de sexo femenino, víctimas de explotación sexual comercial.

Apunta que las mujeres siguen siendo las más afectadas en situaciones de crisis económicas, como la que actualmente se enfrenta, por consideradas desde hace muchos  años atrás  como objetos sexuales con los que se puede lucrar y “comerciar”.

Además, se señala que se deben revisar, ejecutar y crear políticas sociales universales de combate a la pobreza, de trabajo decente, de vivienda digna, de reinserción educativa, entre otros, que apoyen de manera efectiva a los sectores más pobres de la población en la cual se ubica la mayoría de las víctimas de explotación sexual y sus familias, para revertir su vulnerabilidad.

Debe haber preocupación en torno a cómo el aumento de la pobreza, en el escenario actual de la crisis financiera, entre otros aspectos de orden social, aumentará la vulnerabilidad de la población menor de edad frente a problemas como la explotación sexual comercial.

En este sentido, recomiendan que en cada país las instituciones encargadas de la protección y tutela de los derechos de las personas menores de edad, redoblen esfuerzos en sus tareas, en el marco de la crisis económica, como consecuencia de la pobreza y otras condiciones adversas que pueden incrementar el delito de explotación sexual comercial.

Es necesario que se promueva un diálogo entre sectores claves en la atención de la problemática que identifique en cada país el impacto que la crisis producirá en los derechos de la niñez y la adolescencia en general y en problemáticas particulares como la explotación sexual, de forma que se puedan tomar las acciones necesarias para enfrentar este desafío.