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El derecho a la vida, a la libertad, detenciones arbitrarias e ilegales, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos son entre otros los abusos que también han sufrido desde el golpe de Estado, las y los niños y jóvenes en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.-El Programa Políticas públicas para prevenir la violencia juvenil -POLJUVE- presentó el Primer Informe Trimestral de Monitoreo de Violaciones de los Derechos Humanos de Niños(as) y Jóvenes.

Comprende el período del 28 de junio, fecha del rompimiento del orden constitucional, al 30 de septiembre de 2009.

El documento evidencia las violaciones más importantes a los derechos humanos del segmento poblacional de niñez y juventud –entendiendo a la niñez como la población menor de 18 años y  la juventud como aquellos menores de 30 años, según la ley hondureña-- que han sido poco visibilizados por los sistemas convencionales de monitoreo y seguimiento de derechos humanos existentes y menos protegido por el Estado.

 Para el POLJUVE, una de las características más notorias de la crisis política, ha sido la amplia participación de la juventud en las actividades de calle. “Unos optaron por sumarse a quienes se oponen a la asonada del 28 de junio, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado;  y otros a las filas de  la coalición Unión Cívica por la Democracia (UCD)".

No obstante, fueron únicamente los primeros quienes llevaron la peor parte en cuanto a violaciones directas a sus derechos, ya que los segundos fueron más bien protegidos por la maquinaria policial-militar”, dice el informe.  Se establece que la calle y las barriadas fueron los escenarios en donde operativos militares y policiales, realizaron las violaciones de derechos fundamentales de este segmento poblacional. Se ubican además, las actividades clandestinas de grupos irregulares que han operan en impunidad, en el marco de los toques de queda y estados de sitio. 

Derecho a la Vida 

En el marco de la violación de este derecho humano, se destacan los homicidios, producto de las represiones en manifestaciones públicas. Los casos de Isis Obed Murillo, joven de 19 años que perdió la vida el domingo 5 julio, producto de un tiro en la cabeza durante la manifestación del aeropuerto Toncontin, Tegucigalpa, el de Pedro Magdiel Muñoz, de 23 años, encontrado el  sábado 25 de julio a unos 800 metros del retén militar ubicado en Alauca, Departamento de El Paraíso, cercano a la frontera con Nicaragua y el Wendy Araceli Ávila, de 24 años, fallecida el 26 de septiembre de bronco espasmos después de haber inhalado los químicos de las bombas lacrimógenas durante el ataque a la embajada del Brasil la madrugada del 22 de Septiembre, 2009, se citan como emblemáticos.  

En el componente “Asesinatos por Ejecuciones arbitrarias contra niños, niñas y jóvenes”, el  informe hace el cuestionamiento de que “resulta sumamente sospechoso e indignante que, estando el país más militarizado y bajo mayor vigilancia policial que nunca, los asesinos de estos jóvenes actúen en total impunidad en las calles, en horas de la noche, en vehículos y fuertemente armados sin que sean requeridos por las autoridades policiales y militares en sus múltiples retenes.  

Dos casos resaltan. Vicky Hernández Castillo (Jhony Emilson Hernández) de 22 años edad, miembra de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual y Transgénero (LGBTT), asesinada aparentemente en ejecución extrajudicial el 30 de junio mientras se encontraba ejerciendo el comercio sexual en horas de toque queda y Jonatan Noe Osorio Cañada, dirigente estudiantil de 16 años, miembro de la Juventud del Partido  Unificación Democrática, según la denuncia presentada el 27 de Agosto, 2009 fue asesinado de tres disparos “de manos de militares”.

  Derecho a la libertad 

En el marco de la conculcación de este derecho, el informe refleja la restricción al derecho a la Libertad de circulación, Asociación y de Reunión, regulados por la imposición del Estado de excepción en Honduras, desde el 28 de junio y los implantados en fechas posteriores. 

Asimismo se destaca la coartación del derecho a la libertad de Expresión, reflejada en  las distintas modalidades de ataques directos a jóvenes periodistas, comunicadores, camarógrafos, reporteros y equipos de apoyo, por los cuales se les niega a estos el derecho a la libertad de expresión  es decir a la voz de sucesos en los hechos acontecidos.  Del 28 de junio al 13 de noviembre se registran 31 periodistas lesionados por la represión. 

La Libertad de Información  y Libertad de Pensamiento, negada a través del no acceso a información veraz y completa sobre los acontecimientos ocurridos desde el 28 de junio; que también ha privado a la juventud del acceso a diferentes versiones y visiones del conflicto y ha ocultado o tergiversado los hechos de violencia cometidos en contra de diferentes sectores poblaciones  que han encarado y sufrido las arbitrariedades, la intolerancia, la aniquilación y el control  mediático.  

Detenciones arbitrarias e ilegales  

Las desapariciones forzadas que  organizaciones de la sociedad civil han registrado desde el golpe de Estado, se presentan en el documento.  Citan el reporta que hizo en su momento el CPTRT y el COFADEH, acercar de que en el Distrito Central, la sede del Batallón Cobras, funcionó como centro detenciones ilegales, pese a que personeros de éste batallón  negaron  tener personas detenidas en el mismo.  

Sin embargo, el CPRTR registra que, en las inspecciones realizadas el 12 de agosto a dicha unidad policial, se encontró un numeroso grupo de detenidos en el cual se identificó a 2 menores de edad. 

Citan el caso que documentó el Centro de Promoción de Derechos Humanos en Honduras –CIPRODEH- de la desaparición forzada de Manuel Sevilla,  vecino del Bario Cabañas de San Pedro Sula, quien ya había sido liberado de su detención por la Policía de la posta de Rió Blanco, con motivo haber participado en la manifestación contra el Golpe de Estado del 2 de julio.  

Sin embargo se desconoce de su paradero después de haberse separado de sus amigos una vez concluida su  participación en la manifestación de protesta contra el Golpe de Estado que se llevó a cabo en Villanueva, Cortes, el pasado 12 de julio. De acuerdo con casos documentados de entes de la sociedad civil, se reportaron una 63 detenciones de menores de edad,  ubicados en el Distrito Central, bajo el cargo de Escándalo Público por haber participado en las manifestaciones – violar  toque de queda  entre el 28 de Junio al 10 de Julio. 

Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 

“Desde el 28 de Junio, y durante este primer trimestre, sistemáticamente, mediante la restricciones de varias libertades y derechos se han cometido hechos de tortura, tratos crueles como amenazas; todas bajo manifestaciones de violencia física, psicológica, emocional y moral, de las que fueron objeto de forma colectiva, comunidades enteras sobre bienes del Estado y comunales, como las personas en su individualidad, y en las cuales la policía y militares como otros agentes del Estado perpetradores, convirtieron a estas niñas, niños y jóvenes de estas comunidades en testigos y victimas que observaron y sintieron  en su humanidad esas humillaciones y vejámenes contra sus familias, amistades, maestras, maestros, vecinas y vecinos, como a las instalaciones de sus centros escolares y comunales”, reza el informe. 

En ese contexto se afirma que se produjo Violencia contra comunidades y se cita el ejemplo de la comunidad Guadalupe Carney, de Trujillo, compuesta por 600 familias campesinas integradas en 45 empresas asociativas y fue atacada e intimidada el domingo 28 de Junio, por aproximadamente 30 elementos del ejército del 15 Batallón de Infantería que se transportaban en 6 vehículo pick up sin placas (blanco, gris, negro mazda doble cabina), realizando descargas de fusiles y armas de reglamento nacional”.

 Violencia sexual contra menores de edad 

En este aspecto se denuncia, mediante testimonios de adolescentes y jóvenes mujeres que revelan agresiones por Violación y violencia sexual propinada por elementos de la policía y militares sobre partes selectivas su cuerpo y su dignidad.  Estas se dan mediante expresiones de odio, fuerza y hostilidad, palabras obscenas y soeces, golpes en el busto, pezones, glúteos, caderas, espalda baja, vientre y genitales.   Se ha denunciado inclusive,  extremos como el desnudo completo del cuerpo; registros obscenos en la vulva, toqueteos, manoseos, amenazas con gasear la zona genital y otras agresiones de carácter sexual; además de la negación de usar sanitarios, acceder al agua y alimentos.  

Testimonio de una violación colectiva de niñas 

 “Ese día (22 de septiembre) me encontraba en el Parque junto a otra compañera y no habíamos escuchado lo del toque de queda, que era a las cinco de la tarde. Nosotras salimos del Parque central a las seis de la tarde y en el camino nos venía siguiendo una patrulla con tres policías. Cuando llegamos cerca del Guanacaste (a unas cuatro cuadras del parque central,) nos pusieron la patrulla enfrente y nos obligaron a subir. Nosotras les dijimos que por favor no nos llevaran detenidas, que les íbamos a pagar, y ellos nos dijeron que dinero no querían, que lo que querían era “pisar” (tener relaciones sexuales). Después nos llevaron a un monte, donde estaba solo, nos insultaban tratándonos de putas y perras y nos violaron dos de ellos. Nunca les vimos la identificación, porque andaban con el nombre que tienen en el uniforme tapado, nos golpearon mucho y nos dijeron que si volvíamos al Parque nos iban a matar. Sabían lo que hacían porque llevaban condones para protegerse. Después nos dejaron ahí tiradas con la ropa rota. Desde ese día he tenido mucho miedo y mi compañera se fue de la casa donde vivíamos las dos, porque quedo muy asustada y no quiere hablar de eso”.

El testimonio es el de una niña de 17 años, a quien por razones obvias se le oculta su identidad.

En aras de ese contexto, manifiestan que es deber  imperante de la Sociedad en general, asumir urgentemente la atención  de las afectaciones que en todos los planos se están provocando contra este especial grupo poblacional, asimismo urgir por parte del Estado de Honduras,  la pronta observancia de los derechos y garantías a favor, en  beneficio, en defensa, tutela y garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud que son afectados durante las represiones en las manifestaciones contra el golpe de Estado, expresadas en vejaciones, humillaciones, detenciones e incluso la pérdida de la vida.