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Como un dinero que se entrega con falta de transparencia e información acerca de la forma en cómo se elige a los beneficiarios, considera el Grupo de la Sociedad Civil –GSC- el “bono 10 mil” que brinda el gobierno de Porfirio Lobo Sosa a las comunidades pobres de Honduras. 

Tegucigalpa, Honduras.- En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, las familias seleccionadas como beneficiarias del “Bono solidario”, recibían 2,150 lempiras al año, ahora son 10,000 lempiras anuales  y se le denomina “Bono diez mil”. Sin embargo de ambas “medidas asistencialistas”, se desconocen muchos aspectos que ponen en entredicho la transparencia con la que se entrega el dinero. 

Se calcula que a la fecha, más de 8.000 familias que residen en  los departamentos de Intibucá, El Paraíso y Olancho que viven en pobreza extrema, han recibido 833.00 lempiras mensuales, a partir de inicios de año.

¿Cuáles son los criterios de selección de los beneficiados?

El GSC destaca que en la entrega del bono existe politización y ausencia de información sobre los mecanismos de selección de las familias a quienes se les entrega.

El grupo, que aglutina a 17 organizaciones no gubernamentales y cinco foros regionales, destaca la opinión que vertió públicamente la comisionada del programa gubernamental, Ana Cristina Padgeth, quien afirmó en declaraciones a la prensa que la distribución del bono “se hará de manera integral, previa consulta con todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los partidos políticos, con gremios, iglesias, municipalidades y otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se está socializando, por lo que no se puede hablar de politización”.

No obstante la GSC consultó a algunas organizaciones de mujeres y de niñez y juventud como la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), el Centro de Derecho de Mujeres (CDM) y el Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H) quienes dijeron que no se les ha convocado para conocer de la entrega de bonos u otras actividades ligadas al proyecto.

“La COIPRODEN, tiene 35 organizaciones y ni a mí, ni ninguna de las personas que trabajan en las 35 organizaciones que aglutina esta estructura conocemos el criterio de selección que se está utilizando para la entrega de ese bono”, expresó Wilmer Vásquez, coordinador nacional de esa estructura de la sociedad civil organizada que aborda la temática de niñez y juventud.

La educadora del CDM, Pilar Euraque, también manifestó que no convocaron a su organización  para socializar la entrega de eso bono y que ellas tampoco han buscado un acercamiento con los entes estatales, porque después de lo que pasó el 28 de junio de 2009, esa organización no reconoce como legítimo a quienes ostentan el poder.

Posición similar es la del CEM-H, quien a través de su integrante Ana María Ferrera, manifestó que rompieron relaciones con el Estado desde el día que se rompió el orden constitucional, pero que al margen de ello, tampoco han recibido ninguna convocatoria para participar en la socialización de la entrega de ese bono.

Las diferentes organizaciones de la sociedad civil organizada no descartan que exista politización en la entrega de este bono, como ocurrió con la entrega del “bono solidario” de gobierno de Zelaya Rosales. Varias investigaciones arrojaron que ese Bono sirvió para que muchos liberales obtuvieran un grado de poder en sus comunidades.